Reportaje

Beneficios estudiantiles:
criterios y mecanismos para su entrega

Durante los últimos cinco años las ayudas estudiantiles se han extendido de manera importante, ya sea a través de la variada gama de becas a las cuales se puede postular y/o del crédito con aval del Estado. De esta manera, la creciente privatización de la Educación Superior y sus consecuencias, ha sido digerida de buena manera, no provocándose demasiadas contradicciones, en apariencia, a la hora de estudiar. Y es que más allá del principio de que no se debe lucrar con la educación (del cual sin duda nos hacemos parte), los gobiernos de turno, portavoces de los intereses privados en la ESUP, han maniobrado de forma eficiente la orientación de las políticas de educación, dejando de brazos cruzados a los estudiantes. El año 2005, luego de aprobadas las leyes de financiamiento y acreditación, se firmó un acuerdo denominado “MINEDUC-CONFECH” donde se generaba un proceso de transición desde el antiguo sistema de entrega de ayudas estudiantiles hacia el nuevo sistema que se aprobaba mediante estas dos leyes.

Los estudiantes deben acreditar su situación socio-económica para poder postular a un porcentaje de crédito, además de las ayudas estudiantiles existentes y que este requiera en su postulación. El estudiante recibe solamente los resultados pero no conoce cuáles son los criterios utilizados para la entrega de esas ayudas, es decir cómo se aprovechan los recursos estatales para poder estudiar. Hace poco tiempo vimos el escándalo provocado con la entrega de las becas VALECH en distintas universidades del país, que en ese caso particular se trató de una estafa que deja al descubierto lo poco transparentes, por la ausencia de mecanismos eficientes, que son los procesos para la entrega de becas. Así es como muchos estudiantes deben dejar de estudiar o bien estudiar en condiciones poco óptimas durante sus años de universidad.

El siguiente reportaje pretende conocer en profundidad cuáles son los criterios y mecanismos por los cuales se entregan las ayudas estudiantiles en la ESUP.

Juan Chamorro, Asistente Social de la Universidad de Playa Ancha, nos comentó acerca de los criterios que se utilizan para la entrega de los beneficios estudiantiles basados en la ley 19.287. Precisó que “el estudiante debe llenar el Formulario Único de Acreditación Socio-económica (FUAS), que es un instrumento clave para determinar los beneficios. El sistema evalúa los factores socio-económicos y determina el ingreso percápita que tiene cada grupo familiar, y en función de eso el Ministerio de Educación asigna un determinado beneficio”. No obstante, hay una serie de requisitos que debe cumplir el estudiante como el rendimiento académico, que significa que los estudiantes con más de tres semestres de permanencia en una carrera deben acreditar un avance curricular progresivo, es decir deben aprobar el 50% de las asignaturas cursadas o inscritas para tener derecho a mantener los beneficios. Otra de las inquietudes que surgió en la entrevista a Juan Chamorro es el de las diferencias entre el sistema anterior a la aprobación de la ley de financiamiento (2005) y los criterios que se utilizan actualmente, frente a lo cual nos planteó que “la ley que regula los fondos de créditos de aval del Estado no la manejamos nosotros sino que la opera otra unidad, que es aranceles. Pero básicamente se entiende que los créditos con aval del Estado están destinados también a un sector intermedio de rango socio-económico, y el fondo solidario está destinado preferentemente a la gente de más bajos recursos”. La diferencia entre el fondo solidario y el crédito con aval del Estado radica en el porcentaje de interés que existe para cada uno. Frente a aquello Chamorro añadió que “el fondo solidario es un beneficio que favorece en forma notoria a los estudiantes, porque, por ejemplo, estos préstamos los estudiantes comienzan a devolverlos teniendo dos años de plazo hasta que comience a regir la cobranza, y en ese caso le corresponde cancelar el monto a la propia universidad, con un interés que es relativamente bajo (2%), y con una serie de ventajas que significa que el estudiante puede, por ejemplo, estar pagando la deuda en cuotas cómodas hasta un periodo de doce años, y si esa deuda se arrastra aún más puede ser condonada por el Estado. La diferencia con el crédito con aval del Estado es que el interés de éste es mucho mayor, aproximadamente un 6,2%”.

Los casos e historias de estudiantes que han debido pedir crédito y que se les ha negado por uno u otro motivo son infinitos, siendo La clase media generalmente la más perjudicada. Los obstáculos que deben enfrentar los universitarios para acceder a los beneficios estatales son varios. aún así, los criterios para la desiganción de créditos causan resquemor entre la comunidad estudiantil. ver conformidad entre los jóvenes no es algo muy común. Un estudiante que reside en la misma ciudad donde se encuentra su casa de estudio, proveniente de un sector humilde, como es el caso de Rodrigo Sarmiento, alumno de Pedagogía en Historia, ha debido sobrellevar las cientos de negativas que su centro de estudio le ha entregó durante los últimos años. Este futuro profesor en segundo año de carrera recibió el 100% de crédito , gracias al compromiso que hizo él al renunciar al credito en los años que le seguían en la Universidad. "Primero me dijeron que demandará a mi papá para que éste me pagara la universidad, eso me lo dijo Alejandro Zamora, el asistente social. obviamnete yo no iba a hacer eso, porque realmente a mi papá no le alcanzaba, y claro con el apuro de terminar segundo año, firmé ese compromiso donde renunciaba a optar al crédito en los años siguientes, que fue la solución que ellos me dieron". Rodrigo Sarmiento reconoce que no fue una buena decisión y que la inmadurez lo hizo ceder y no exigir lo que le correspondía. Luego de un viaje al extranjero, motivado justamente por la imposibildad de seguir estudiando, el ahora tesista de historia ha podido continuar sus estudios sólo gracias a un crédito externo que lo tendrá endeudado por 10 años a una casa comercial que sin duda lo golpeará fuertemente con sus altos intereses.

También nos introducimos en el acuerdo sostenido por el MINUDUC y la CONFECH, posterior a la aprobación de la ley de financiamiento el 2005, donde se establecían cinco quintiles como criterio exclusivo para la entrega de beneficios a los estudiantes, y en relación a eso Chamorro nos aclaró que “el Estado de Chile, mediante el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), ha fijado un criterio, una política para asignar beneficios en todo orden de cosas (ya sea Salud, Educación, Vivienda, etc. ), y para eso ha dividido a la población del país en categorías o niveles de ingreso, que se llaman quintiles (que equivale cada uno a un 20% de la población). En el quintil uno está el 20% de población más pobre cuyos ingresos no alcanzan a sustentar su nivel de vida”. Resulta sumamente preocupante que se asuma abiertamente desde el Estado, que existen personas en este país que sus salarios o ingresos financieros mediante otros mecanismos, no alcancen a cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, es una contradicción que el primer quintil sea el más beneficiado, o al que más se le inyectan recursos, en materia de Educación Superior, pues si una persona no tiene el dinero suficiente para alimentarse, menos lo va a tener para cancelar una matrícula por sobre 100 mil pesos, además de los gastos adicionales como cuadernos y alimentación en las horas de estudio. Lo mismo ocurre con el quintil dos, que se trata de personas en situación de extrema pobreza, pero que perciben algún nivel de ingreso. ¿Es legítimo que un banco o el propio Estado permitan endeudarse a gente que vive en condiciones absolutamente precarias y que de hacerlo, empeorarán su condición de vida? ¿No fue acaso el problema de los denominados “créditos subprime” (destinados a gente muy pobre que luego no tenía cómo pagar) los que provocaron el colapso del sistema financiero en la pasada crisis económica? ¿Si la fuerza de los hechos demuestra que existe un colapso de profesionales en el mercado laboral, cuál es entonces el sentido de dar más posibilidades de endeudamiento para poder estudiar en la universidad si después no se tendrá trabajo estable? Son las contradicciones de un sistema de educación de mercado, donde estudiar se convierte en un rentable negocio para los privados y el Estado, y en una precarización de la vida para quienes pagan por este derecho disfrazado de mercancía.

Esos recursos destinados a los dos primeros quintiles terminan siendo ficticios, tienen un valor de supuesta voluntad política pero no son aprovechados concretamente si asumimos que lógicamente el primer quintil no existe como tal en las universidades. No es que a la universidad lleguen jóvenes con una situación socio-económica de acomodo, pero tampoco llegan los más pobres (que son a los que más se les ofrecen beneficios). En definitiva, los criterios que rigen el sistema de quintiles no se condicen con la realidad del sector hacia dónde se destinan los recursos, y por supuesto, no puede existir en un país en supuesta vía de desarrollo gente que no tenga qué comer o que viva en situación de extrema pobreza.

(Danilo Billiard)

(Valeska Quinteros)

Educación gratuita: una utopia innecesaria, mejor apuntar a la regulación

El 1980 apareció la primera universidad Privada en Chile: Gabriela Mistral y esa irrupción marcó el inicio de una nueva era en la educación superior. Ya no sólo las llamadas “tradicionales” tendrían el interés de los egresados de la media, pues poco a poco comenzarían a nacer nuevas instituciones de educación superior dando inicio al mercado de la educación.

Ahora, con esta nueva modalidad comienza a quedar atrás la antigua educación gratuita que seguramente muchos de nuestros padres pudieron optar, quedando obligados a iniciar la competencia con el resto de las universidades que a estas alturas del nuevo siglo ganan terreno y compiten de igual a igual en calidad.
Pero para seguir hablando de competencia se debe añadir a la discusión el arancel que año tras año causan más de un dolor de cabeza a los estudiantes y en especial a los padres de éstos: Así es, ya que muchas veces la des-regulación del mercado educacional donde cada casa de estudios fija su precio según las variables que arbitrariamente ellos delimitan, hacen que la educación se torne un lugar sólo para privilegiados, ya sea por sus capacidades “intelectuales” o bien por la capacidad del “bolsillo” para poder costear muchas veces montos millonarios que no se condicen con el ingreso promedio que en Chile ronda los 400 mil pesos.

Pero cuál es la solución para este embrollo: lo primero que hay que decir es que cualquier resolución al respecto está lejos de las posturas radicales que algunos dirigentes estudiantiles proliferan por las calles, la cual pretende que las universidades tradicionales vuelvan a ser gratuitas porque ahí estudian los mejores: Nada de eso es cierto, ni nada de eso es factible a esta altura del partido cuando el libremercadismo lidera las economías mundiales. Porque ya no sólo en las Universidades de Chile o Católica se entrega educación de excelencia, ya que en la privadas el perfeccionamiento de sus mallas curriculares y el nivel de los profesores ha mejorado y en muchos casos iguala y supera a las prestigiosas tradicionales. Por ello no es viable ni correcto apuntar a ese sentido.

Por eso, para lograr que el mercado sea más justo, se debe instalar un ente regulador que supervise la calidad de las universidades privadas y tradicionales y junto a ello el arancel que cobran proponiendo como ley que si un alumno ingresa con un arancel determinado, ése mismo permanezca congelado durante todo el tiempo que se extiende su carrera: es decir; si Medicina tiene un valor de 3 millones de pesos cuando el alumno se matricula, ese mismo valor sea el que deba pagar durante los años que esté estudiando. Porque no puede ser que todos los años -de acuerdo a variables parciales que fija la universidad- se esté elevando año tras año el precio de la educación. Si bien estamos de acuerdo en que debe existir un precio, ese debe ser justo y trasparente, determinado en conjunto con el Estado que será finalmente el que deberá velar por el cumplimiento de ese precio.

Carlos Alonso
Periodista Economía La Nación.

¿Quién tiene la culpa? (EDITORIAL)

Primer anuncio presidencial emitido por la Derecha desde hace décadas, aunque eso no fue lo novedoso de la jornada. Lo novedoso de la jornada tampoco fue la ya tradicional marcha convocada por asociaciones gremiales de trabajadores y diversas organizaciones políticas, que finaliza con una que otra escaramuza en el sector de la Avenida Francia con Pedro Montt, las que disminuyen año tras año.

Lo novedoso son los aplaudidos anuncios, verdaderos ofertones tipo “combos” al estilo de los locales de comida chatarra, prometiendo plata por doquier, plata y más plata. Y cómo no, si la ley de donaciones privadas le vino como anillo al dedo a su gobierno, contando con el respaldo consecuente de sus pares, el mundo empresarial, que se metió la mano al bolsillo y sin tiritarle la chequera, depositaron de sus arcas privadas lo necesario para posicionar al gobierno del señor Piñera. Un gesto correcto entre los dueños del poder y la riqueza.

Sin embargo allá abajo, en el país olvidado, donde se vive la vida como es acá en Chile, con cesantía, pobreza, deudas y enfermedades psicológicas producto del estrés laboral, la insatisfacción individual y todo lo que significa un existir ensimismado, alienado, enajenado, allá abajo la cosa sigue tal cual como hace décadas, cuando nos prometieron la alegría.

Si, entre lo novedoso de esos anuncios se echan de menos las discurseadas “medidas concretas”, que parecen quedar relegadas a segundo plano por este tan manoseado “año de la reconstrucción” que justifica todo lo que se hace y no se hace desde el gobierno (es que el terremoto fue otro anillo al dedo para Piñera).

En el caso de los estudiantes universitarios, no se ha mencionado nada acerca de las nuevas políticas para la Educación Superior (ESUP), y la reforma al pregrado ha quedado en stand by probablemente hasta el próximo año. Focalizar los recursos hacia los postgrados, acortar las carreras de pregrado y darle énfasis al grado profesional en detrimento del académico (que se obtendría mediante un postgrado), son algunas de las medidas que más suenan para la esperada reforma, que se materializaría en la Ley de Educación Superior, la última patita de la privatización del sistema educacional en Chile.

Lo cierto es que los problemas por acá abajo son exactamente los mismos, y lo seguirán siendo con o sin Piñera en el gobierno. En ese sentido podemos reconocer la excelente partida de ajedrez que jugó el gobierno de Lagos con los estudiantes (año 2005), privatizando por completo la entrega de ayudas estudiantiles mediante la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, fortaleciendo los mecanismos de entrega de esas ayudas que, en apariencia, hacen ver casi una educación gratuita, atestada de posibilidades de becas y créditos que se pagarán después de dos años de egreso.

Los aranceles suben, los precios de las matrículas también y de las estampillas institucionales; los precios del casino también aumentan y la calidad de los contenidos entregados en el aula, por el contrario, disminuyen (y la culpa no la tienen los profesores). Los rectores de las universidades más afectadas proponen, mediante el Nuevo Trato, la modificación de los instrumentos de financiamiento de la ESUP, cuando sabemos que el instrumento de financiamiento por excelencia es el estudiante. Mientras abogan por Educación Pública, al interior de sus Universidades se aplican medidas de mercado para palear las crisis. Entonces: ¿quién tiene la culpa? Los rectores no son blancas palomas de la paz; respaldaron la gestión de los gobiernos de la Concertación en su totalidad, incluyendo a Patricio Sanhueza, quien además es Presidente del CRUCH regional. Son responsables de las decisiones, y en esa supuesta lucha que dan por la Educación Pública, la pregunta es: ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar?

El estudiante vale su peso en oro, por eso se masificó la ESUP, por eso se flexibilizaron los créditos, por eso aumentaron los cupos de ingreso a las universidades. Se le transformó en un mercado de consumo que fue potenciado por la ideología del estatus, el orgullo de tener un cartón.

(Danilo Billiard)

(Análisis en construcción)

Prácticas profesionales o desregulación extrema

La práctica profesional es utilizada en Chile y también en gran parte del extranjero, como una modalidad laboral que cumple la doble función de capacitación-adaptación al mundo del trabajo de un nuevo profesional, ya sea egresado de enseñanza media (colegios técnicos) o de universidad-instituto, y por otro lado, la de apoyo a las funciones propias de la empresa cuando ésta más lo necesitan, es decir, en los meses de verano.
En rigor, esta actividad en nuestro país destaca por la escasa regulación que existe al respecto, razón por la cual, se explican las grandes diferencias que se pueden encontrar, en términos laborales, entre una y otra compañía o institución gubernamental.
Nuestra legislación, es vaga en el asunto, y se refiere a esta modalidad indicando que “si eres alumno egresado de enseñanza media técnico-profesional o de alguna institución de educación superior (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica) y debes realizar tu práctica profesional durante un tiempo determinado en una empresa, no tienes derecho a exigir un contrato de trabajo”.
Sin embargo, sí establece que el practicante tiene “derecho a convenir libremente, en forma anticipada y por escrito, con la empresa en que desarrollarás la práctica, los siguientes beneficios: colación y movilización, o en vez de esto, una cantidad de dinero que compense tus gastos de alimentación y movilización (este dinero no se considerará remuneración para ningún efecto legal)”.
La Dirección del Trabajo, en fallos relacionados a las prácticas profesionales, también ha establecido que la flexibilidad laboral en estos casos es extrema, determinando que una compañía no tiene límites para contar con practicantes, ni tampoco para establecer sus horarios laborales.
Dadas así las cosas, urge que el legislador impulse una reforma laboral que tienda a proteger los derechos de quienes se inician en el mundo del trabajo, entendiendo que los miles de jóvenes que realizan año a año sus prácticas profesionales, no sólo son simples aprendices, sino que también aportan al desarrollo de las empresas e instituciones públicas.
Ahora bien, este tema no sólo está en manos de los parlamentarios o el Ejecutivo, pues también es el mundo civil, empresarial y gremial, el que debe velar por una mejora sustancial en las condiciones de esta nueva fuerza laboral y no sólo apelar a la autorregulación, pues si bien muchas empresas u organismos estatales pueden contar con “buenos oficios”, muchos otros impulsados por diversas razones, precarizan el entorno del practicante volviendo, en muchos casos, la primera experiencia laboral de éstos, en un verdadero drama que los deja en mal pie para enfrentar su futuro.
En este sentido, las universidades y colegios, instituciones que exigen prácticas profesionales; empresas y organismos públicos, entidades que ofrecen este tipo de actividad; y finalmente los gremios, agrupaciones que debiesen preocuparse por sus representados, tienen la palabra a la hora de vestirse de largo y comenzar ya un debate que nadie hasta la fecha ha querido hacerse cargo.

Por Jorge Rubio Bravo, periodista de Terra Economía

Sin contrato: la realidad contractual detrás de las prácticas profesionales

Es un tema de recurrente inquietud entre los estudiantes universitarios el de las prácticas profesionales. Desregulación dirán algunos o una necesaria prueba para alcanzar el profesionalismo en condiciones desfavorables, lo cierto es que las prácticas profesionales han dejado dudas a más de un estudiante, frente a lo cual pretendemos dilucidar la problemática de este último paso para convertirse en un(a) profesional.

Como muchas otras demandas en la educación, la de las prácticas profesionales permanece encubierta, recorriendo los pasillos de los edificios universitarios y las salas de clases como un rumor que nadie se atreve a poner en el tapete, convirtiéndose en un verdadero “secreto a viva voz”, pues total, dirán muchos, “es el último año en la “U” y de qué sirve reclamar”.

La encargada de prácticas profesionales en la Universidad de Playa Ancha, Leviant Rojas Serrano, conversó con nosotros acerca de este tema, despejando algunas dudas frecuentes entre nuestros pares. En la situación contractual del estudiante al momento de hacer su práctica, Rojas nos comentó que “una vez que el estudiante ya ha hecho su postulación y ha sido aceptado, la universidad entra a un compromiso de ese centro para con la Universidad a través del estudiante. En qué sentido: se le pide al centro de práctica que extienda una carta en la cual corrobore la aceptación del estudiante en práctica, la fecha de inicio y de término y el nombre del profesional que lo va a tener a cargo”. Intentando abordar de manera más específica la situación contractual en las prácticas profesionales, le consultamos acerca de situaciones que pueden ocurrir en las horas de prácticas, como por ejemplo accidentes laborales, a lo cual Rojas respondió que “la Universidad le entrega al estudiante el seguro que establece la ley 16.744, que lo cubre al estudiante, y que esa es la ley que protege a todos los trabajadores de Chile”. Si el estudiante cuenta con el seguro laboral que determina la ley, debería también contar con un contrato de trabajo como cualquier trabajador de una empresa, institución o colegio, y en tal sentido nos manifestó que “el contrato de trabajo establece las condiciones que la empresa pone, mientras que la ley que protege al trabajador es una ley estatal. El estudiante no va en una situación contractual a hacer su práctica; si bien es cierto va a desarrollar un trabajo, el estudiante va en un proceso aún de formación”. Podemos concluir entonces que la responsabilidad de las deficiencias en las prácticas profesionales es de la universidad y sin ir más allá del Estado, lo que significaría una negligencia legal que no ha sido resuelta con un seguro de trabajo, sino que si el estudiante sigue aún en una situación de formación, debería ser tomada su práctica como una asignatura más, frente a lo cual también debería poder optar a beneficios como desayuno, almuerzo y dinero para locomoción, lo que actualmente es inexistente (en el mejor de los casos son regalías de la empresa). Si la universidad focaliza de forma inadecuada los recursos hacia las prácticas profesionales podría tratarse de un simple problema de gestión enfocado en el desarrollo institucional, pero el problema es si efectivamente se cuenta con recursos destinados exclusivamente a esta área.

“Mi práctica no fue como yo lo esperaba”

Pudimos comprobar, en voz de sus protagonistas, la realidad del estudiante en práctica, al conversar con dos de nuestros compañeros de la UPLA, uno de los cuales actualmente está haciendo su práctica profesional y el otro que ya se tituló hace unos meses. El primer caso se da en la carrera de Nutrición y Dietética, donde el estudiante que actualmente hace su práctica en el Hospital Gustavo Freak, el cual además nos pidió reservar su identidad por lo mismo, nos comentó que “no me dan almuerzo y tampoco me pasan plata para la locomoción. Esos gastos los tengo que cubrir yo”. Quisimos conocer su opinión sobre quién considera que debiese responsabilizarse de ésto y nos respondió que “yo creo que es la universidad la que tiene que dar regalías o facilidades al estudiante, no la empresa donde uno haga la práctica. Si finalmente aún somos estudiantes deberíamos poder optar a algún beneficio”. También conversamos con Danissa Cortez, quien se tituló hace unos meses de la carrera de Tecnología en Deportes perteneciente a la Facultad de Educación Física e hizo su práctica profesional en una importante empresa nacional que no quiso entregar su nombre, antes de comenzar las preguntas fue tajante al decir: “mi práctica profesional no fue como yo lo esperaba”. Intentamos aproximarnos a las razones de su descontento y frente a eso nos contó que “en escasas oportunidades pude poner en practica los conocimientos adquiridos en los años de formación y cuando pretendía desarrollar otras opciones dentro de la empresa, la persona que estaba a cargo mío (un médico) mostraba interés en el momento y después se desvinculaba del alumno en práctica alegando no tener disponibilidad de tiempo”. Declaraciones que contienen este tipo de realidades, vienen a demostrarnos una vez más que el problema de la desregulación es recurrente y grave, por tanto la universidad no se está haciendo cargo de las prácticas de forma correcta y toda la responsabilidad tiende a recaer en la empresa o institución, al mismo tiempo que el estudiante no es reconocido como un trabajador sino que aún como un estudiante en formación, que no debe tener contrato de trabajo y sólo regirse por un seguro laboral. Entonces ¿quién defiende al estudiante? Además de esto, Danissa nos comentó que al quedar en manos de la empresa la etapa de formación del estudiante, esta puede incurrir en faltas como no respetar las horas de trabajo acordadas con la universidad: “la intervención de la universidad frente a esta situación no tuvo influencia alguna, pues la situación no cambió de principio a fin, y esta incomodidad se acentuó con lo extenso de la práctica (6 meses) en que tampoco se respetaban las horas exigidas por la universidad producto de un convenio existente desde hace muchos años entre estas dos instituciones”.

(Danilo Billiard)

Editorial

El importante valor que tiene la economía universitaria a nivel regional y nacional, responde a la masificación en permanente aumento de la Educación Superior en Chile, expresada en la flexibilización en los sistemas de créditos (las crecientes posibilidades de endeudamiento) y la masificación de instituciones de ESUP (proceso que parte en los años ochenta). Todo ello ha aumentado el valor de cambio de los estudiantes, dinamizando la economía asociada al área. El precio de los aranceles y las matrículas, la demanda por lugares donde vivir, la diversión, el consumo de productos tecnológicos, además de los útiles de librería, hacen que los universitarios tengan un peso importante económicamente. Nuestro medio digital pretende ahondar en las temáticas atingentes a la economía universitaria, develando las contradicciones existentes entre los aportes que el sujeto universitario entrega a la economía a través del consumo, y la realidad social en que se da dicho aporte. Temas como las prácticas profesionales, comodidad social del estudiante, dependencias universitarias, leyes diseñadas para la ESUP, sobre todo comprendiendo la reforma al pregrado pendiente (Ley de Educación Superior) y que es probable se impulse durante el actual gobierno, son los desafíos que se imponen a esta apuesta en ciernes. Porque sabemos que la educación es un negocio, no basta con reproducir consignas de “educación gratuita y de calidad” sin entender cómo funciona este sistema de educación, a quiénes beneficia y a quiénes afecta, para poder transformar lo que consideramos poco justo.

(Danilo Billiard)