La práctica profesional es utilizada en Chile y también en gran parte del extranjero, como una modalidad laboral que cumple la doble función de capacitación-adaptación al mundo del trabajo de un nuevo profesional, ya sea egresado de enseñanza media (colegios técnicos) o de universidad-instituto, y por otro lado, la de apoyo a las funciones propias de la empresa cuando ésta más lo necesitan, es decir, en los meses de verano.
En rigor, esta actividad en nuestro país destaca por la escasa regulación que existe al respecto, razón por la cual, se explican las grandes diferencias que se pueden encontrar, en términos laborales, entre una y otra compañía o institución gubernamental.
Nuestra legislación, es vaga en el asunto, y se refiere a esta modalidad indicando que “si eres alumno egresado de enseñanza media técnico-profesional o de alguna institución de educación superior (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica) y debes realizar tu práctica profesional durante un tiempo determinado en una empresa, no tienes derecho a exigir un contrato de trabajo”.
Sin embargo, sí establece que el practicante tiene “derecho a convenir libremente, en forma anticipada y por escrito, con la empresa en que desarrollarás la práctica, los siguientes beneficios: colación y movilización, o en vez de esto, una cantidad de dinero que compense tus gastos de alimentación y movilización (este dinero no se considerará remuneración para ningún efecto legal)”.
La Dirección del Trabajo, en fallos relacionados a las prácticas profesionales, también ha establecido que la flexibilidad laboral en estos casos es extrema, determinando que una compañía no tiene límites para contar con practicantes, ni tampoco para establecer sus horarios laborales.
Dadas así las cosas, urge que el legislador impulse una reforma laboral que tienda a proteger los derechos de quienes se inician en el mundo del trabajo, entendiendo que los miles de jóvenes que realizan año a año sus prácticas profesionales, no sólo son simples aprendices, sino que también aportan al desarrollo de las empresas e instituciones públicas.
Ahora bien, este tema no sólo está en manos de los parlamentarios o el Ejecutivo, pues también es el mundo civil, empresarial y gremial, el que debe velar por una mejora sustancial en las condiciones de esta nueva fuerza laboral y no sólo apelar a la autorregulación, pues si bien muchas empresas u organismos estatales pueden contar con “buenos oficios”, muchos otros impulsados por diversas razones, precarizan el entorno del practicante volviendo, en muchos casos, la primera experiencia laboral de éstos, en un verdadero drama que los deja en mal pie para enfrentar su futuro.
En este sentido, las universidades y colegios, instituciones que exigen prácticas profesionales; empresas y organismos públicos, entidades que ofrecen este tipo de actividad; y finalmente los gremios, agrupaciones que debiesen preocuparse por sus representados, tienen la palabra a la hora de vestirse de largo y comenzar ya un debate que nadie hasta la fecha ha querido hacerse cargo.
En rigor, esta actividad en nuestro país destaca por la escasa regulación que existe al respecto, razón por la cual, se explican las grandes diferencias que se pueden encontrar, en términos laborales, entre una y otra compañía o institución gubernamental.
Nuestra legislación, es vaga en el asunto, y se refiere a esta modalidad indicando que “si eres alumno egresado de enseñanza media técnico-profesional o de alguna institución de educación superior (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica) y debes realizar tu práctica profesional durante un tiempo determinado en una empresa, no tienes derecho a exigir un contrato de trabajo”.
Sin embargo, sí establece que el practicante tiene “derecho a convenir libremente, en forma anticipada y por escrito, con la empresa en que desarrollarás la práctica, los siguientes beneficios: colación y movilización, o en vez de esto, una cantidad de dinero que compense tus gastos de alimentación y movilización (este dinero no se considerará remuneración para ningún efecto legal)”.
La Dirección del Trabajo, en fallos relacionados a las prácticas profesionales, también ha establecido que la flexibilidad laboral en estos casos es extrema, determinando que una compañía no tiene límites para contar con practicantes, ni tampoco para establecer sus horarios laborales.
Dadas así las cosas, urge que el legislador impulse una reforma laboral que tienda a proteger los derechos de quienes se inician en el mundo del trabajo, entendiendo que los miles de jóvenes que realizan año a año sus prácticas profesionales, no sólo son simples aprendices, sino que también aportan al desarrollo de las empresas e instituciones públicas.
Ahora bien, este tema no sólo está en manos de los parlamentarios o el Ejecutivo, pues también es el mundo civil, empresarial y gremial, el que debe velar por una mejora sustancial en las condiciones de esta nueva fuerza laboral y no sólo apelar a la autorregulación, pues si bien muchas empresas u organismos estatales pueden contar con “buenos oficios”, muchos otros impulsados por diversas razones, precarizan el entorno del practicante volviendo, en muchos casos, la primera experiencia laboral de éstos, en un verdadero drama que los deja en mal pie para enfrentar su futuro.
En este sentido, las universidades y colegios, instituciones que exigen prácticas profesionales; empresas y organismos públicos, entidades que ofrecen este tipo de actividad; y finalmente los gremios, agrupaciones que debiesen preocuparse por sus representados, tienen la palabra a la hora de vestirse de largo y comenzar ya un debate que nadie hasta la fecha ha querido hacerse cargo.
Por Jorge Rubio Bravo, periodista de Terra Economía
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