Reportaje

Beneficios estudiantiles:
criterios y mecanismos para su entrega

Durante los últimos cinco años las ayudas estudiantiles se han extendido de manera importante, ya sea a través de la variada gama de becas a las cuales se puede postular y/o del crédito con aval del Estado. De esta manera, la creciente privatización de la Educación Superior y sus consecuencias, ha sido digerida de buena manera, no provocándose demasiadas contradicciones, en apariencia, a la hora de estudiar. Y es que más allá del principio de que no se debe lucrar con la educación (del cual sin duda nos hacemos parte), los gobiernos de turno, portavoces de los intereses privados en la ESUP, han maniobrado de forma eficiente la orientación de las políticas de educación, dejando de brazos cruzados a los estudiantes. El año 2005, luego de aprobadas las leyes de financiamiento y acreditación, se firmó un acuerdo denominado “MINEDUC-CONFECH” donde se generaba un proceso de transición desde el antiguo sistema de entrega de ayudas estudiantiles hacia el nuevo sistema que se aprobaba mediante estas dos leyes.

Los estudiantes deben acreditar su situación socio-económica para poder postular a un porcentaje de crédito, además de las ayudas estudiantiles existentes y que este requiera en su postulación. El estudiante recibe solamente los resultados pero no conoce cuáles son los criterios utilizados para la entrega de esas ayudas, es decir cómo se aprovechan los recursos estatales para poder estudiar. Hace poco tiempo vimos el escándalo provocado con la entrega de las becas VALECH en distintas universidades del país, que en ese caso particular se trató de una estafa que deja al descubierto lo poco transparentes, por la ausencia de mecanismos eficientes, que son los procesos para la entrega de becas. Así es como muchos estudiantes deben dejar de estudiar o bien estudiar en condiciones poco óptimas durante sus años de universidad.

El siguiente reportaje pretende conocer en profundidad cuáles son los criterios y mecanismos por los cuales se entregan las ayudas estudiantiles en la ESUP.

Juan Chamorro, Asistente Social de la Universidad de Playa Ancha, nos comentó acerca de los criterios que se utilizan para la entrega de los beneficios estudiantiles basados en la ley 19.287. Precisó que “el estudiante debe llenar el Formulario Único de Acreditación Socio-económica (FUAS), que es un instrumento clave para determinar los beneficios. El sistema evalúa los factores socio-económicos y determina el ingreso percápita que tiene cada grupo familiar, y en función de eso el Ministerio de Educación asigna un determinado beneficio”. No obstante, hay una serie de requisitos que debe cumplir el estudiante como el rendimiento académico, que significa que los estudiantes con más de tres semestres de permanencia en una carrera deben acreditar un avance curricular progresivo, es decir deben aprobar el 50% de las asignaturas cursadas o inscritas para tener derecho a mantener los beneficios. Otra de las inquietudes que surgió en la entrevista a Juan Chamorro es el de las diferencias entre el sistema anterior a la aprobación de la ley de financiamiento (2005) y los criterios que se utilizan actualmente, frente a lo cual nos planteó que “la ley que regula los fondos de créditos de aval del Estado no la manejamos nosotros sino que la opera otra unidad, que es aranceles. Pero básicamente se entiende que los créditos con aval del Estado están destinados también a un sector intermedio de rango socio-económico, y el fondo solidario está destinado preferentemente a la gente de más bajos recursos”. La diferencia entre el fondo solidario y el crédito con aval del Estado radica en el porcentaje de interés que existe para cada uno. Frente a aquello Chamorro añadió que “el fondo solidario es un beneficio que favorece en forma notoria a los estudiantes, porque, por ejemplo, estos préstamos los estudiantes comienzan a devolverlos teniendo dos años de plazo hasta que comience a regir la cobranza, y en ese caso le corresponde cancelar el monto a la propia universidad, con un interés que es relativamente bajo (2%), y con una serie de ventajas que significa que el estudiante puede, por ejemplo, estar pagando la deuda en cuotas cómodas hasta un periodo de doce años, y si esa deuda se arrastra aún más puede ser condonada por el Estado. La diferencia con el crédito con aval del Estado es que el interés de éste es mucho mayor, aproximadamente un 6,2%”.

Los casos e historias de estudiantes que han debido pedir crédito y que se les ha negado por uno u otro motivo son infinitos, siendo La clase media generalmente la más perjudicada. Los obstáculos que deben enfrentar los universitarios para acceder a los beneficios estatales son varios. aún así, los criterios para la desiganción de créditos causan resquemor entre la comunidad estudiantil. ver conformidad entre los jóvenes no es algo muy común. Un estudiante que reside en la misma ciudad donde se encuentra su casa de estudio, proveniente de un sector humilde, como es el caso de Rodrigo Sarmiento, alumno de Pedagogía en Historia, ha debido sobrellevar las cientos de negativas que su centro de estudio le ha entregó durante los últimos años. Este futuro profesor en segundo año de carrera recibió el 100% de crédito , gracias al compromiso que hizo él al renunciar al credito en los años que le seguían en la Universidad. "Primero me dijeron que demandará a mi papá para que éste me pagara la universidad, eso me lo dijo Alejandro Zamora, el asistente social. obviamnete yo no iba a hacer eso, porque realmente a mi papá no le alcanzaba, y claro con el apuro de terminar segundo año, firmé ese compromiso donde renunciaba a optar al crédito en los años siguientes, que fue la solución que ellos me dieron". Rodrigo Sarmiento reconoce que no fue una buena decisión y que la inmadurez lo hizo ceder y no exigir lo que le correspondía. Luego de un viaje al extranjero, motivado justamente por la imposibildad de seguir estudiando, el ahora tesista de historia ha podido continuar sus estudios sólo gracias a un crédito externo que lo tendrá endeudado por 10 años a una casa comercial que sin duda lo golpeará fuertemente con sus altos intereses.

También nos introducimos en el acuerdo sostenido por el MINUDUC y la CONFECH, posterior a la aprobación de la ley de financiamiento el 2005, donde se establecían cinco quintiles como criterio exclusivo para la entrega de beneficios a los estudiantes, y en relación a eso Chamorro nos aclaró que “el Estado de Chile, mediante el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), ha fijado un criterio, una política para asignar beneficios en todo orden de cosas (ya sea Salud, Educación, Vivienda, etc. ), y para eso ha dividido a la población del país en categorías o niveles de ingreso, que se llaman quintiles (que equivale cada uno a un 20% de la población). En el quintil uno está el 20% de población más pobre cuyos ingresos no alcanzan a sustentar su nivel de vida”. Resulta sumamente preocupante que se asuma abiertamente desde el Estado, que existen personas en este país que sus salarios o ingresos financieros mediante otros mecanismos, no alcancen a cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, es una contradicción que el primer quintil sea el más beneficiado, o al que más se le inyectan recursos, en materia de Educación Superior, pues si una persona no tiene el dinero suficiente para alimentarse, menos lo va a tener para cancelar una matrícula por sobre 100 mil pesos, además de los gastos adicionales como cuadernos y alimentación en las horas de estudio. Lo mismo ocurre con el quintil dos, que se trata de personas en situación de extrema pobreza, pero que perciben algún nivel de ingreso. ¿Es legítimo que un banco o el propio Estado permitan endeudarse a gente que vive en condiciones absolutamente precarias y que de hacerlo, empeorarán su condición de vida? ¿No fue acaso el problema de los denominados “créditos subprime” (destinados a gente muy pobre que luego no tenía cómo pagar) los que provocaron el colapso del sistema financiero en la pasada crisis económica? ¿Si la fuerza de los hechos demuestra que existe un colapso de profesionales en el mercado laboral, cuál es entonces el sentido de dar más posibilidades de endeudamiento para poder estudiar en la universidad si después no se tendrá trabajo estable? Son las contradicciones de un sistema de educación de mercado, donde estudiar se convierte en un rentable negocio para los privados y el Estado, y en una precarización de la vida para quienes pagan por este derecho disfrazado de mercancía.

Esos recursos destinados a los dos primeros quintiles terminan siendo ficticios, tienen un valor de supuesta voluntad política pero no son aprovechados concretamente si asumimos que lógicamente el primer quintil no existe como tal en las universidades. No es que a la universidad lleguen jóvenes con una situación socio-económica de acomodo, pero tampoco llegan los más pobres (que son a los que más se les ofrecen beneficios). En definitiva, los criterios que rigen el sistema de quintiles no se condicen con la realidad del sector hacia dónde se destinan los recursos, y por supuesto, no puede existir en un país en supuesta vía de desarrollo gente que no tenga qué comer o que viva en situación de extrema pobreza.

(Danilo Billiard)

(Valeska Quinteros)