miércoles, 9 de junio de 2010

Editorial


El monito mayor de la Educación Pública

Estudiar, estudiar, estudiar. Debe ser una de las tantas palabras que más escuchamos en nuestra vida. Hay una suerte de obviedad en la sociedad sobre el tema, la mayoría da por sentado que el paso siguiente al salir del colegio es la UNIVERSIDAD. El padre que por primera vez tiene la experiencia de ver a su hijo ingresar a la educación pública no sabe realmente lo que le espera. Y tantos años de majadera insistencia para que el “niño” sea universitario parecen efímeros cuando se deben enfrentar a los altos aranceles y mensualidades de los centros de educación superior. En general se tiene la idea que las universidades “públicas” son más baratas, que tienen harto prestigio y por sobre todo facilidades en todo sentido para el estudiante.

Existe hace muchos años un crédito de fondo solidario al interior de los complejos universitarios, más conocido y en palabras simples como el “crédito”. Aquel beneficio se le entrega a los cuatro primeros quintiles de ingreso socioeconómico. Se supone que esta ayuda exime a un estudiante de escaso recurso de pagar los aranceles durante todo el periodo universitario.

A simple vista eso parece una gran ayuda para el bolsillo de jóvenes y padres. Sin embrago, el escenario se ha complejizado al paso de los años. Cada vez más la educación y las formas de pago se manejan a merced del mercado y esta vorágine economía que nos hace estar endeudados hasta con el gato. Quien pertenece a la clase media tiene dos opciones: pedir créditos externos, ya sea con bancos directamente o indirectamente a través del Estado, que en términos estrictos es lo mismo. Los criterios que se utilizan para designar el fondo solidario no contemplan al gran porcentaje de chilenos que sin carecer de un mal ingreso mensual, pagar más de $160.000 por cada letra, complica bastante la economía familiar, considerando que en casa generalmente hay más de un hijo.

Según fuentes universitarias, desde el año 1993 hasta el 2005 los aranceles se han elevado en un 92%, además del incremento anual que sufre por el reajuste del IPC. Preocupante es la situación si se toma en cuenta que las universidades estatales suben los aranceles según la modificación que ocurra en el sector público. De un tiempo a esta parte hemos sido testigos de la flexibilidad en el área educación, existe un incremento del rol bancario en el proceso de financiamiento. En conclusión, quien no se endeuda con la universidad de por vida, se endeuda por pocos años pero de una forma más brutal a la casas comerciales y financieras, o sea, nadie puede estudiar feliz y tranquilo.

Pareciera que el tranquilo diálogo no bastara. No puede ser que los estudiantes de la Universidad de Concepción el año pasado hayan conseguido una rebaja del 30% en las matriculas, además del congelamiento de los aranceles por el periodo académico 2010 gracias a una huelga de hambre. Existe la sensación que el Estado dejó de fortalecer la entrega amplia de créditos, dejando la puerta un poco entreabierta a entidades que durante tanto tiempo los gobiernos de la concertación criticaron. Las políticas actuales de gobierno están más llanas a trabajar en base a concesiones, inversiones privadas, etc. Y no sería raro creer en la idea que así como quieren desprenderse de las remodelaciones de algunos hospitales públicos llamando a licitaciones varias, suceda lo mismo con la educación.

Valeska Quinteros Luna
Foto: Gilda Medina Castro

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