José Joaquín Brunner, un año antes de aprobada la ley de acreditación
Fundación Chile, Universidad Adolfo Ibáñez.
La experiencia muestra que los países con sistemas más innovativos -Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Finlandia, Australia- cuentan con vigorosos sistemas de aseguramiento externo de la calidad.
Frente a la iniciativa destinada a establecer en Chile un sistema de aseguramiento externo de la calidad (SAEC), que incluye procesos de evaluación y acreditación de las instituciones y programas de educación superior, se han presentado diversas objeciones. ¿Cuán fundadas son éstas?
1. Aseguramiento externo de la calidad. Se sostiene que bastaría con la información provista por el mercado para regular competitivamente la calidad de las instituciones, eliminándose por esta vía aquellas que no cumplen con mínimos estándares de solvencia académica. Esta pretensión es desconocida en el mundo. Ninguno de los sistemas universitarios de mayor prestigio internacional -Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Japón, Israel- descansa exclusivamente en señales de mercado. Por el contrario, hay innumerables ejemplos de instituciones fantasmas que subsisten en mercados débilmente regulados, como muestra la experiencia de Brasil, Colombia, Filipinas o Pakistán.
2. Autonomía institucional. Se sostiene que la autonomía de las instituciones y la libertad de enseñanza son, o podrían verse, afectadas por los procedimientos de evaluación y acreditación. Sin embargo, tales procedimientos existen en más de 60 países donde las instituciones gozan de plena autonomía y ejercen vigorosamente la libertad de cátedra.
3. Diversidad e innovación. Se sostiene que la existencia de un régimen de aseguramiento de la calidad académica inhibiría la diversidad e innovación. Por el contrario, la experiencia muestra que los países con sistemas más innovativos -Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Finlandia, Australia- cuentan con vigorosos SAEC.
4. Modelo de aseguramiento de la calidad. Se sostiene que a nivel internacional no existiría un modelo aceptado para la evaluación y acreditación de instituciones y programas académicos. Falso: en los 60 países que cuentan con SAEC éstos poseen un conjunto de elementos comunes, reconocidos por la literatura como mejores prácticas: (i) en la base de todos los sistemas hay un ejercicio inicial de auto-evaluación conforme a criterios provistos externamente; (ii) siempre existe un procedimiento de evaluación provisto por pares externos; (iii) el proceso es cíclico y (iv) conduce a un juicio evaluativo que es público y cuyos fundamentos se comunican a la institución.
5. Propósitos del aseguramiento externo de la calidad. Se sostiene que las finalidades de un SAEC son inevitablemente confusos. No es así. La doctrina comparada identifica claramente objetivos que puede cumplir un SAEC: credibilidad y/o mejoramiento de las instituciones o programas; condición para la asignación de recursos públicos; requisito para el otorgamiento de títulos profesionales; movilidad estudiantil y de profesionales; reconocimiento de excelencia ; estímulo para la competencia en el mercado de reputaciones; protección del mercado nacional frente a la concurrencia de instituciones y programas extranjeros.
6. El concepto de calidad. Se dice que la calidad académica no puede ser evaluada ni acreditada, pues sería un concepto de suyo complejo y variable. En realidad la práctica internacional reconoce diversos conceptos de calidad que dan lugar a diferentes tipos de evaluación y acreditación. Básicamente se distingue entre: (i) calidad como excelencia definida por los estándares más altos; (ii) calidad como capacidad para cumplir con la misión declarada por la institución o programa; (iii) calidad como resultados del aprendizaje logrado por los alumnos; (iv) calidad como umbral mínimo definido de acuerdo a criterios y normas; (v) calidad como mejoramiento continuo donde el centro de gravedad reside en el aprendizaje de la organización; (vi) calidad como el valor obtenido por el dinero invertido, concepto usado en situaciones donde los gobiernos enfrentan restricciones de la caja fiscal o buscan elevar la eficiencia de las instituciones o programas. Cada país elige qué enfoque promoverá a través de su SAEC.
7. Carácter público del sistema. Se sostiene que en cualquiera circunstancia debería preferirse un esquema privado de aseguramiento de la calidad académica, sin intervención de organismos del Estado. Incluso, se ha llegado a proponer la formación de un "mercado de la acreditación". Al contrario, uniformemente en todos los países que cuentan con procedimientos de evaluación y acreditación, y sin contrapeso en la literatura, predomina el carácter público del SAEC, independientemente de la forma como éste se organice y administre.
8. Organización del sistema. Se sostiene que de aceptarse la idea de un SAEC, la forma más adecuada para organizarlo y administrarlo sería a través de múltiples agencias registradas ante un organismo oficial. La experiencia internacional comparada muestra una realidad muy diferente. En la mayoría de los países el SAEC se organiza en torno a un agencia pública, más o menos independiente del gobierno según los casos. Hay excepciones, sin embargo. En los Estados Unidos existe una diversidad de agencias de carácter regional, las cuales son reconocidas por dos instancias: (i) por el US Department of Education (el Ministerio de Educación del Gobierno Federal) y (ii) el Council for Higher Education Accreditation, organismo privado sin fines de lucro. Además existen organizaciones especializadas de acreditación de carreras. En Alemania existe el Akrediterungsrat, de nivel nacional, y agencias acreditadoras en cada uno de los Länder. Algo similar ocurre en Australia: la Australian Universities Quality Agency (AUQA) opera nacionalmente, mientras a nivel de los estados y territorios existen agencias acreditadoras públicas que se sujetan a protocolos nacionales de actuación y son revisadas por la AUQA.
9. Efectos de la acreditación. Se sostiene, contradictoriamente, que la acreditación debiera tener efectos puramente informativos o bien ser acompañada por consecuencias en el orden del financiamiento de las instituciones. Tampoco la experiencia internacional es concluyente a este respecto. En general, la tendencia es a vincular los resultados de las evaluaciones a efectos definidos de acuerdo con los propósitos del SAEC. Si lo que se persigue es la credibilidad y mejoramiento de las instituciones, por lo general se enfatizarán los efectos de información para el mercado. Por el contrario, si lo que se busca es garantizar los títulos otorgados, el énfasis se pondrá en una acreditación en función de estándares y el efecto será que sólo las instituciones acreditadas tendrán acceso al otorgamiento de los respectivos certificados educacionales. Distinto es si se usa el SAEC para efectos de la asignación de recursos públicos o para aumentar la eficiencia de las instituciones; en este caso prima el efecto de accountability y el foco se pone en los resultados medidos por indicadores de desempeño.
Dentro de este marco de referencia, el SAEC chileno bajo discusión en el Congreso Nacional es un sistema público descentralizado, con una agencia independiente facultada para reconocer instancias privadas - nacionales y extranjeras- las cuales, a la manera de lo que ocurre en Holanda, se encargarán de realizar los procesos de evaluación y acreditación. Estos tienen por objetivo el mejoramiento continuo de las instituciones y programas bajo el principio de la calidad como capacidad para cumplir con la misión declarada por la institución o programa, lo que asegura un amplio campo a la diversidad y la innovación. Consecuentemente se pone énfasis en la auto-evaluación y la evaluación por pares externos que, en el caso de la evaluación institucional, adoptará la forma de una auditoria de procedimientos internos que aseguran una debida autorregulación, tal como ha empezado a hacerse en Gran Bretaña y Australia. La acreditación tendrá efectos de información y servirá, además, para determinar la elegibilidad de las instituciones en condiciones de beneficiar a sus alumnos con créditos avalados por el Estado.
En suma, los argumentos que se vienen esgrimiendo contra la acreditación y evaluación de programas e instituciones son esencialmente antojadizos.
Fuente : La Segunda, Opinión, 7/01/2004
Danilo Billiard
Ley de Acreditación Universitaria (Danilo Billiard)
La palabra adicionalmente, en el segundo párrafo del artículo, da cuenta de que dos de las áreas más importantes en una acreditación, ya sea investigación y vinculación con el medio, no son obligatorias.
Artículo 17.- La acreditación institucional se realizará en funciones específicas de la actividad de
las instituciones de educación superior. Las entidades que se presenten al proceso deberán acreditarse siempre en los ámbitos de docencia de pregrado y gestión institucional.
Adicionalmente, las instituciones podrán optar por
la acreditación de otras áreas, tales como la
investigación, la docencia de postgrado, y la vinculación con el medio.
Un reglamento de la Comisión de Acreditación
determinará el contenido de cada una de las áreas y los elementos que serán objeto de evaluación en cada una de ellas.
Danilo Billiard
La mirada de Brunner
Diversas recciones surgieron luego que Sebastián Piñera entregara la primera cuenta pública a cuatro meses de asumir la presidencia. Voces han tachado el mensaje del otrora empresario como: el mejor. Siguiendo la línea ya establecida por el millonario Jefe de Estado no parece extraño ver una pareja continuidad en el mensaje. Piñera habla de mucho pero a la vez habla de nada.
José Joaquín Brunner, el eterno asesor de la concertación en políticas educacionales entrega una mirada ante las propuestas de Piñera frente al área mas densa de la sociedad.
"...Todas estas medidas --parte vital de la reforma educacional impulsada por los gobiernos de la Concertación, frecuentemente con aval de la Alianza opositora-- pasan a convertirse ahora en eje de la agenda Piñera en este sector. Debieran por tanto seguir adelante con un respaldo transversal. De las medidas adicionales enunciadas ayer, más próximas al corazón de la actual administración, varias carecen de especial relevancia; algunas, como la idea de ampliar las mediciones del Simce a otras áreas del desempeño escolar y transmitir mejor los resultados a los padres son bienvenidas; y otras, por último, como la propuesta de establecer 15 liceos altamente selectivos, llamados “de excelencia”, son negativas, pues contravienen el esfuerzo que el país hace para mejorar simultáneamente la calidad y equidad de su sistema escolar. En suma, se ha protegido el campo de los acuerdos y se ha reducido al mínimo, me parece a mí, el margen de la discrepancia en el ámbito educacional. Sin embargo, permanecen en pie las incógnitas respecto de la estrategia para renovar la profesión docente, superar la crisis de la administración municipal escolar y modernizar nuestra educación superior. Tales omisiones son demasiado vastas como para pasarse por alto..."
El profesor e investigador de la Universidad Diego Portales
menciona algo que retumba fuerte entre los que creemos, que la educación no se soluciona con incorporar más horas de clases o subvencionar el pago de los preuniversitarios a los jóvenes mas vulnerables de nuestro país, y es la "carencia de especial relevancia" en la egenda política de la actual administración. Existe una cuestión de fondo que la colación por el cambio no pretende cambiar, y tengámoslo claro, no lo harán. El sector más conservador y liberal no aportará al debate sobre el fin de la municipalización escolar. Lo que Piñera y su equipo están haciendo, aún cuando prometan disminuir la flexibilidad que fomenta la competitividad entre universidades estatales y públicas, es justamente lo contrario; Más que nunca existe una tremenda brecha entre la educación privada y pública.
FUENTE: La Tercera
(Valeska Quinteros)
Una breve reseña del aparecido Juan José Ugarte, jefe de la DIVESUP
El académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile Juan José Ugarte Gurruchaga fue nombrado como el nuevo jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Arquitecto de profesión, Ugarte se ha desempeñado como vicerrector académico de la UC, como decano de la Facultad de Arquitectura y docente en las áreas de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente y Taller de Proyectos Ejercitación. Es socio de la Oficina José Ramón Ugarte y Asociados y editor del libro A. Cruz y G. Iommi: Amereida arquitectura y poesía, además es autor de múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales de obras construidas y proyectos.
Joaquín José Lavín Infante (23/10/1953) es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Master en Economía de la Universidad de Chicago (1977). Tiene 7 hijos fruto de su matrimonio con María Estela León Ruiz, quien fue electa concejala por la comuna de Santiago en 2004.
Lavín es militante de la UDI y miembro supernumerario de la organización católica Opus Dei. Cuando tenía 26 años fue nombrado Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo en Concepción, institución de educación superior de la que es socio fundador junto a Cristián Larroluet (Ministro SEGPRES) y Carlos Alberto Délano.
Fue un estrecho colaborador de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Trabajó junto a Hernán Büchi (posteriormente candidato a la presidencia en 1989), aplicando en Chile un modelo económico libre mercadista y neoliberal implantado por los llamados Chicago Boys.
En 1992 fue electo alcalde de Las Condes con un 31,06% de los sufragios. En 1996 fue reelecto, con un 78,50%, convirtiéndolo en una de las mayorías nacionales y derrotando a la entonces desconocida candidata a concejal Michelle Bachelet.
En 1999 renunció a su cargo para postularse como presidente de Chile. En una reñida votación en primera vuelta, fue superado por Ricardo Lagos, el candidato de la Concertación, obteniendo el 47,51% frente al 47,96% del candidato concertacionista. En la segunda vuelta, en enero de 2000, Lagos es elegido nuevo presidente del país, al obtener un 51,31% frente al 48,69% de Lavín.
En octubre de 2000, fue electo alcalde de Santiago con el 61% de los votos, venciendo a Marta Larraechea, esposa del ex-presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En octubre de 2004, no se repostula como alcalde para prepararse para su segunda campaña presidencial de 2005 como candidato único de la Alianza por Chile. Sin embargo, en mayo de 2005 su candidatura a la presidencia en el 2006 sería compartida junto a Sebastián Piñera (RN), quien se negó a participar en una primaria. Finalmente, sería Sebastián Piñera el que se enfrente a Michelle Bachelet, candidata oficialista que resulta electa el 2006.
Tras la derrota de Piñera, se aleja temporalmente de la política y retoma sus clases de profesor en la Universidad del Desarrollo. En octubre de 2007 Joaquín Lavín se declaró "bacheletista-aliancista", denominación criticada por su alianza aunque halagada por personeros de la Concertación, integrando el consejo asesor para la equidad social del gobierno.
En las Parlamentarias de 2009 fue candidato por la V Región Costa, donde fue superado por Francisco Chahuán (RN).
(Danilo Billiard)
datos de la educación pública:
Alzas de aranceles de todo tipo, desde la matrícula, el precio de las estampillas institucionales hasta los precios del casino, mientras los rectores, amparados en el Nuevo Trato de las Universidades Públicas con el Estado (que fue creado el año pasado y provocó quiebres en el CRUCH), impulsan la idea de modificar los instrumentos de financiamiento de la Educación Superior. Todo ello enmarcado en la defensa de la Educación Pública, la más repetida de las indefiniciones en cada lienzo que aparece colgado de algún frontis en alguna universidad.
¿Qúé es el AFD y el AFI?
El Aporte Fiscal Directo (AFD) es la cantidad de recursos financieros entregados desde el Estado a las Universidades, basándose en un criterio histórico de redistribución de los recursos. En el caso del AFI, este va destinado a los 27.500 mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, los cuales quedan distribuidos en las universidades nacionales de mayor prestigio. Por ejemplo el año 2008, de 27.551 mejores puntajes en la PSU, 123 ingresaron a la UPLA mientras que la Universidad de Chile matriculó a 4.294, seguida por la Universidad Católica de Santiago que matriculó a 3.435. En el caso de la UPLA esta cifra equivale a $ 38.737, que al compararlo con el precio de la matrícula de ese año, que fue de aproximadamente $100.000, multiplicado por 123 estudiantes, da la cifra de $12.300.000. La sorpresa nos puede dejar atónitos: los estudiantes son el instrumento de financiamiento por excelencia de la Educación Superior.
¿Qué es el Nuevo Trato?
El Nuevo Trato de las Universidades Públicas con el Estado propone la modificación de los instrumentos de financiamiento de la ESUP y que mediante un proyecto de ley, que estaría enmarcado en la reforma al pregrado, se determine constitucionalmente los aportes financieros a la ESUP y no dependan del presupuesto de cada gobierno. Sin embargo olvida la modificación de ese instrumento de financiamiento por excelencia: el estudiante.
La más ética de las modificaciones sería que el estudiante no pagara más, es decir que la educación fuese gratuita.
El importante valor que tiene la economía universitaria a nivel regional y nacional, responde a la masificación en permanente aumento de la Educación Superior en Chile, expresada en la flexibilización en los sistemas de créditos (las crecientes posibilidades de endeudamiento) y la masificación de instituciones de ESUP (proceso que parte en los años ochenta). Todo ello ha aumentado el valor de cambio de los estudiantes, dinamizando la economía asociada al área. El precio de los aranceles y las matrículas, la demanda por lugares donde vivir, la diversión, el consumo de productos tecnológicos, además de los útiles de librería, hacen que los universitarios tengan un peso importante económicamente. Nuestro medio digital pretende ahondar en las temáticas atingentes a la economía universitaria, develando las contradicciones existentes entre los aportes que el sujeto universitario entrega a la economía a través del consumo, y la realidad social en que se da dicho aporte. Temas como las prácticas profesionales, comodidad social del estudiante, dependencias universitarias, leyes diseñadas para la ESUP, sobre todo comprendiendo la reforma al pregrado pendiente (Ley de Educación Superior) y que es probable se impulse durante el actual gobierno, son los desafíos que se imponen a esta apuesta en ciernes. Porque sabemos que la educación es un negocio, no basta con reproducir consignas de “educación gratuita y de calidad” sin entender cómo funciona este sistema de educación, a quiénes beneficia y a quiénes afecta, para poder transformar lo que consideramos poco justo
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